Difundiendo los derechos sexuales y derechos reproductivos de manera participativa. 
 
 
 

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Ministerio de Salud, inauguraron la Unidad de Atención Preconcepcional en Olocuilta, este 26 de septiembre de 2017.

La Unidad recien creada funciona dentro de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada del municipio de Olocuilta, en el marco del proyecto “Derechos de salud reproductiva para las mujeres indígenas y marginadas de Centroamérica”.

La atencion preconcepcional es la consulta brindada por una persona especialista o profesional de la salud a una mujer previo a su embarazo, con el objetivo de identificar corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de riesgo reproductivo y tratar enfermedades que puedan alterar la evolucion normal de un futuro embarazo. Durante esta consulta se debe explorar a través de hoja filtro, si la mujer presenta condiciones biológicas o sociales que incrementan su riesgo reproductivo.

Algunos servicios que incluye la consulta preconcepcional basíca, son la historia clínica completa y exhustivo; incluye son examen fisico y exhuastivo, estado nutricional, inspeccion cervical, toma de VPH (Virus del Papiloma Humano), vacunacion, prescripción de micronutrientes, prescripción de metodos anticonceptivos, evaluación odontológica, toma de examenes de laboratorio, consejería en salud sexual reproductiva, prevencion y atención de la violencia por razones de género.

La consulta preconcepcional especializada comprende el examen/evaluación o seguimiento adicionales según la condición de la mujer, en el mismo establecimiento o en otro nivel de atención. La referencia, retorno o interconculta con especialistas de áreas diversas, por ejemplo, psicología, medicina interna, nutrición, fisioterapia, educadora para la salud o referencia al siguiente nivel de atencion en salud.

Premiación del Certamen Nacional de Ensayo y Periodismo Investigativo sobre Uniones tempranas y embarazo niñas y adolescentes en El Salvador

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Red Nacional Juventudes en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (COINCIDIR), Plan Internacional y la Alianza por la Salud Sexual y Salud Reproductiva (ASSR), realizaron la entrega de reconocimientos a las y los ganadores del certamen nacional de ensayo y periodismo investigativo Uniones tempranas y embarazos en niñas y adolescentes en  El Salvador.

 

Se entregaron diplomas y premios a las y los ganadores en las diferentes ramas: y Valentina Bonifacio, en Ensayo; Eduardo Barahona, Prensa; Gracia Rodríguez, Televisión; y Alexis Escalante, Radio.

   

En el jurado, participaron destacadas personalidades de la literatura, investigadoras y especialistas en cada rama participantes. Algunos de los requisitos que estos debían cumplir era estar basado en un enfoque de derechos, incorporando la perspectiva de género e inclusión sobre la situación, las causas e impactos de las uniones tempranas y el embarazo en niñas y adolescentes en la vida de las mismas; además debían ser libres de lenguaje sexista y garantizar la normativa nacional en materia de protección de niñez y adolescencia.

Este era el primer certamen en su categoría que realizaron las organizaciones convocantes, en el marco del proyecto: “Impulsando el cumplimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud” cofinanciado por Plan Suecia y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI).

 

Durante la premiación, representantes de las instancias organizadoras, se mostraron satisfechos con el cumplimiento del principal objetivo del certamen, que es desnaturalizar las uniones tempranas y embarazos adolescentes en el país; además de concientizar sobre las causas y  graves implicaciones de estas problemáticas en los derechos de las niñas y adolescentes; su impacto directo en la deserción escolar,  la  discriminación  de  las  niñas, la reproducción de la pobreza y  agrandando  las  brechas  de  desigualdad,  además,   en  contextos de inseguridad, se incrementa el riesgo de las  niñas de sufrir violencia y mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral, lo que repercute en su autonomía y autoestima.

 

Gran parte de la población desconoce el significado de la laicidad y su importancia para el goce de los derechos humanos; muchas veces falta información sobre el concepto y su reconocimiento tácito y expreso, en algunas leyes del país.  Cuando se habla de laicidad, se refiere a la necesaria separación y autonomía del Estado y las Iglesias.

En el caso de El Salvador, la Constitución de la República reconoce de manera tácita la laicidad, aunque nombra como religión oficial la católica; pero una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencia de inconstitucional 3-2008) confirma la laicidad del Estado salvadoreño, afirmando:

 “A pesar de la evolución histórica constante en nuestras Constituciones respecto a la separación estatal y religiosa, se advierte que en ninguna parte de la vigente Constitución de 1983 se prescribe expresamente que el Estado salvadoreño es laico, es decir, ninguna disposición prescribe, v. gr., “queda separada la Iglesia del Estado” o “el Estado salvadoreño no tiene religión oficial”. Y es que el laicismo es un concepto político o doctrinal, no estrictamente normativo, con el que pretende calificarse una cierta actitud de los poderes públicos ante el fenómeno religioso. C. Ante la ausencia de una disposición que determine expresamente que El Salvador protege a una determinada religión como estatal –que lo caracterizaría como un Estado confesional–, es viable concluir que el Constituyente dispuso en la ley suprema una especie de “laicidad por silencio” (http://www.jurisprudencia.gob.sv/visormlx/pdf/3-2008.pdf  pág.7).

Agrega la Sentencia de Inconstitucionalidad 3-2008 (pág.9) que “El Estado tiene prohibido, por mandato de la Constitución, (i) establecer una religión o iglesia oficial, (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; ya que estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado no confesional; asimismo, el Estado tampoco puede (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas. Además, en una sociedad cultural, religiosa y moralmente plural, la laicidad del Estado y del Derecho constituye la garantía de respeto de las diferencias, un respeto que comprende la libertad práctica de comportarse de acuerdo con las prescripciones de la propia conciencia, como la exigencia de igualdad o no discriminación entre los individuos en función de los cuales sean sus ideas morales o religiosas”.

No hay duda que El Salvador como Estado Laico debe respetar todas las creencias religiosas, su autonomía frente a las ideas religiosas e ideológicas en general; garantizar su soberanía para dictar sus leyes sin influencia de normas religiosas o filosóficas particulares que no son aceptadas por toda la población del Estado. Por el contrario, un Estado confesional oficializa una religión determinada, confiesa su adhesión a una iglesia particular con la que tiene relaciones de colaboración en acciones de gobierno. De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, antes reseñada, Por tanto, el deber de neutralidad conlleva la prohibición estatal de alentar u otorgar un trato más beneficioso o desfavorable a un credo en específico, fundado en esa misma condición. Este deber no es incompatible con el reconocimiento jurídico y la garantía de la práctica religiosa, en tanto expresión de la libertad individual, sino que solo exige que la pertenencia de una persona o situación a un credo particular no sirva de fundamento para conferir un tratamiento más favorable –o perjudicial– que el que resultaría aplicable en caso que no concurriera la práctica de ese culto religioso específico. Del mismo modo, es contrario al deber de neutralidad que una actividad estatal se explique o fundamente en razón exclusiva de un credo particular o, en general, en la promoción de la práctica religiosa. “Neutralidad significa que en el espacio público todas las cosmovisiones tienen cabida y que su carácter religioso o secular no opera como factor de privilegio o de discriminación” (CSJ, pag.9).

¿Cómo llevar a la práctica la laicidad?

Para Blancarte (2012), la práctica de laicidad debe entenderse como laicización, esto concierne al proceso de separación de la religión respecto de los asuntos públicos, con el objeto de salvaguardar la libertad de conciencia, independientemente de las creencias particulares de cada quien. Podría decirse que la laicización es la secularización del Estado, pero también en cierta medida de las instituciones culturales, educativas y científicas, en la medida en que el Estado alcanza esos terrenos. Desde esta perspectiva, la laicidad contiene tres elementos centrales: 1) El respeto a la libertad de conciencia; 2) La autonomía de lo político frente a lo religioso y; 3) La garantía de la igualdad y la no discriminación. De hecho, puede decirse que el proceso de laicización del Estado comenzó con la necesidad de proteger a la conciencia individual en contra de cualquier intrusión proveniente de las instituciones religiosas o civiles (Blancarte, Roberto J. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica. Art. ¿Cómo podemos medir la laicidad? Estudios Sociológicos, vol. XXX, núm. 88, 2012, pp. 233-247. El Colegio de México. Distrito Federal, México).

Según Fidelina Martínez, integrante del Movimiento por una Cultura Laica, Laicidad viene a ser lo sustantivo del adjetivo Laico con que se denomina a los Estados que no se identifican oficialmente con una religión en particular o se dice que no confiesan una preferencia religiosa, en donde las diversas iglesias respetan la soberanía del Estado, el que a su vez no interviene en la conducción de las jerarquías religiosas.

 Pese al reconocimiento legal del país como Estado Laico, es innegable la injerencia de las Iglesias y líderes religiosos en diferentes temas del acontecer salvadoreño, especialmente en el ámbito de derechos sexuales y derechos reproductivos. De la misma manera, las instituciones del Estado y funcionario ceden espacios de participación creciente de líderes religiosos y cúpulas de las Iglesias, lo cual no debería de suceder en un Estado laico, reconociendo que el análisis de los temas de país requiere de un enfoque de derechos humanos, lo cual no siempre es posible cuando hay injerencia de algunos líderes religiosos.

En opinión de Alberto Romero, también del MCL, la laicidad es vital para el ejercicio y goce de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Las religiones que tiene mayor implantación en El Salvador promueven unas normas morales relativas a la sexualidad y a la reproducción que no responden a las prácticas sociales de la mayoría de la sociedad. Promueven la sumisión de la mujer al hombre lo que va en contra de la Constitución y de leyes como las de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Consideran el matrimonio indisoluble, lo que va contra la legislación sobre divorcio. Niega el uso de control de la capacidad reproductiva, que va en contra de los servicios del MINSAL sobre planificación familiar, condena las relaciones homosexuales y lésbicas lo que niega las políticas de la Secretaria de Inclusión Social.  Es decir si el Gobierno convierta las normas morales religiosas, sobre sexualidad y reproducción, de las iglesias en delitos o guías de las políticas públicas estas no garantizaran los Derecho Sexuales y Derechos Reproductivos, reconocidos en Convenios y tratados internacionales que representan amplios consensos a nivel mundial y que han sido firmados por el Gobierno de El Salvador.  Por tanto, considera que el Gobierno debe de garantizar que las personas puedan seguir normas morales sobre su sexualidad y reproducción, en base a sus creencias religiosas o culturales y siempre que no dañen los derechos de otras personas, pero no puede permitir que estas normas morales se impongan a toda la sociedad convirtiéndolas en leyes o en políticas públicas.

Un avance importante es el reconocimiento de la laicidad en cuerpos normativos como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, cuyo art.4, literal e de los principios rectores indica:  Laicidad: Se refiere a que no puede invocarse ninguna costumbre, tradición, ni consideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer. Lamentablemente, en la práctica este principio no siempre se cumple y hace falta mayor monitoreo estatal para llevar a la práctica tal mandato legal en el accionar del funcionariado, así como en la ejecución de programas del Estado, como El Salvador Seguro, donde se estaría violentando la laicidad del Estado al enfatizar la promoción de valores religiosos, entre las medidas para prevenir la violencia, tal como muestras las fotografías adjuntas a continuación tomadas en la Alcaldía de Santiago Nonualco.

 

 

  

Lanzan certamen nacional de ensayo y periodismo investigativo para concientizar sobre embarazo en adolescentes

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Red Nacional Juventudes en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (COINCIDIR), Plan Internacional y la Alianza por la Salud Sexual y Salud Reproductiva (ASSR), presentaron este viernes 30 de septiembre, el certamen nacional de ensayo y periodismo investigativo Uniones tempranas y embarazos en niñas y adolescentes en

El Salvador.

 

Pueden participar escritoras, escritores, periodistas, profesionales o estudiantes de nacionalidad salvadoreña residentes en el país de cualquier edad y género; las personas participantes pueden presentar un solo trabajo en la rama de ensayo, televisión, radio y prensa escrita impresa o virtual. Es indispensable que todos los trabajos concursantes, independientemente de la rama, contengan un análisis basado en derechos, incorporando los enfoques de género e inclusión sobre la situación, las causas e impactos de las uniones tempranas y el embarazo en niñas y adolescentes en la vida de las mismas; además deben ser libres de lenguaje sexista y garantizar la normativa nacional en materia de protección de niñez y adolescencia.

 

Para cada rama habrá un premio en efectivo y diploma de reconocimiento; para ensayo y televisión serán $1,000 y 800 para radio y prensa escrita; los trabajos participantes no ganadores tendrán mención honorifica y diploma el día de la premiación. Los ensayos deben ser originales e inéditos, escritos en español y sin compromisos con editoriales u otros certámenes, las otras categorías. En caso de ser transmitido en los medios, se aceptarán solo si se transmiten entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 2016.

 

Este se realiza en el marco del proyecto: “Impulsando el cumplimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud” cofinanciado por Plan Suecia y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Con la finalidad de crear conciencia en diversos sectores, sobre las causas y  graves implicaciones de estas problemáticas en los derechos de las niñas y adolescentes; su impacto directo en la deserción escolar,  la  discriminación  de  las  niñas, la reproducción de la pobreza y  agrandando  las  brechas  de  desigualdad,  además,   en  contextos de inseguridad, se incrementa el riesgo de las  niñas de sufrir violencia y mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral, lo que repercute en su autonomía y autoestima. La EHPM, 2014, indica que en El Salvador, a nivel nacional 23,573 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años  tienen  o  han  tenido  una  relación  matrimonial  o  no  matrimonial, ya sea casadas, acompañadas y separadas, con hijos o no. Esto representa el 2.8% de la población de esta edad, el 57.4% se encuentra en el  área  rural,  mientras  que  el  42.6%  en  el  área  urbana.

 

Las consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes son multidimensionales y violatorias a sus derechos humanos, y afectan el proyecto de vida de las niñas y adolescentes. En el ámbito familiar, experimentan rechazo e incluso violencia; en el ámbito educativo pueden ser socialmente  discriminadas  y  estigmatizadas, lo que conlleva al abandono de los estudios;  en  el  ámbito  económico,  se  ven  forzadas  a  integrarse a temprana edad al mundo laboral por la necesidad  de  generar  ingresos  tanto  para  su  supervivencia  como para la de su hija o hijo. Las cifras más recientes indican que en 2014, se registraron 24,710 inscripciones maternas por embarazos en adolescentes y 25, 021 en 2015. 

 

San Salvador, 30 de septiembre de 2016