En el país, se identifican frecuentes vulneraciones a los derechos sexuales y derechos reproductivos por una serie de factores, entre ellos: Prejuicios derivados de la discriminación por razones de género, edad, orientación sexual y otros; desconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, incumplimiento de laicidad del Estado en las políticas públicas.

Las razones son varias. Una de ellas es la falta de educación sexual integral, ya que esto permitiría mejorar la información y apropiación de los derechos sexuales y derechos de la población joven especialmente y en edad escolar; además que permitiría eliminar mitos y la desinformación existente en torno al tema, ya que esto facilita la manipulación de la información desde sectores reacios a la difusión de la temática.

Otra razón es, como refiere la Política de Salud Sexual y Reproductiva del MINSAL, que históricamente la salud sexual y reproductiva se había focalizado en los aspectos biológicos de la reproducción y evaluado desde las tasas de fecundidad; sobre una base sociocultural que identifica la construcción de la identidad de género de las mujeres centralizada en la maternidad, subordinada al poder masculino, lo que las obliga a someterse a embarazos y prácticas sexuales de riesgo, a familias numerosas y aceptar embarazos impuestos, entre otros.1

Reseña asimismo que la oferta de salud sexual y reproductiva que brinda el sistema de salud pública está mayormente orientada a servicios de salud materna y planificación familiar. La sexualidad es vista nada más desde la visión heterosexual y reproductiva, excluyendo a grupos con orientación sexual no tradicional e históricamente ignorados en la provisión de servicios y el respeto a sus derechos.

Debido a lo anterior, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han realizado diferentes esfuerzos a favor de la Salud Sexual y Reproductiva, desde visibilizar las problemáticas, ser portavoz de las denuncias de grupos o personas concretas, estudios e investigaciones en torno a la situación de los mismos y propuestas de reformas legales.

Un estudio realizado en 2014, por la Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo más 20, concluyó que a nivel nacional, se visualizan avances mínimos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hay algunos avances en cierta normativa nacional, pero estos no trascienden para garantizar el conjunto de estos derechos. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha sido en los últimos cinco años una de las instancias públicas que mayor avance ha tenido a este nivel. Le sigue el Ministerio de Educación, con avances limitados con respecto a garantizar una Educación Integral en Sexualidad (EIS); pero en definitiva, falta mucho por hacer y especialmente falta una clara voluntad política por parte de las autoridades del país.2

En este contexto, ORMUSA y la Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador, desarrollan desde hace varios años diferentes acciones para mejorar el goce y ejercicio de tales derechos; campañas informativas y de concientización, actividades formativas y propuestas legales; en esa línea, se presenta en esta ocasión el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar